Aquellos delitos cometidos en el seno de los órganos de una sociedad, causando un perjuicio o poniendo en peligro el patrimonio de ésta, de sus socios o de terceros. La administración desleal es un ejemplo de este delito.

Suelen ser cometidos ante la actuación de las personas ocupadas del control de la actividad. Y, ocurre cuando se actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa y se busque un ánimo de lucro.

Estos delitos se regulan dentro del Título XIII del Código Penal que corresponde a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El Código Penal señala que se ha cometido un delito societario en los siguientes casos:

• Falsedad en las cuentas anuales de una sociedad: Los administradores de una sociedad constituida o en formación, que falseen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, para causar un perjuicio económico a la misma, o a alguno de sus socios, o a un tercero, pueden enfrentarse a una pena de prisión de uno a tres años, además de una multa de seis a doce meses.
• Falsedad en otros documentos de la sociedad.
• Imposición de acuerdos abusivos. Cometen este delito los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o en el órgano de administración de una sociedad, imponen acuerdos abusivos, con ánimo de lucro, en perjuicio de los demás socios y sin que reporten ningún beneficio a la sociedad. El Código Penal contempla una pena de prisión de seis meses a tres años o una multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.
• Imposición acuerdos lesivos: Este delito se entiende cometido por quienes impongan o se aprovechen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de los socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carecen del mismo, por negación indebida del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por ley, o por cualquier otro procedimiento semejante.
• Negar o impedir derechos al socio: Cometen este delito aquellos administradores que sin causa legal impidieren a un socio el ejercicio de sus derechos como son el de información, participación en el control y gestión de la actividad social o el derecho de suscripción preferente.
• Negar o impedir actuación de órgano inspección.

El requisito necesario para perseguir un delito societario se fundamenta en que ha de existir una denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (según el artículo 296 del Código Penal). Solo en los casos en los que se haya perjudicado el interés general o a una pluralidad de personas, no será necesario denunciar este delito.

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