Abogados expertos en extradiciones

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¿Qué es la extradición activa?

La extradición activa es la considerada desde la óptica del Juez o Tribunal competente que conoce de un procedimiento judicial penal que solicita la extradición de procesados o condenados por sentencia firme

¿Qué es la extradición pasiva?

La extradición pasiva tiene lugar cuando se estudia la petición de extradición desde el punto de vista del Estado requerido, o dicho en otras palabras, se produce cuando un país solicita a España la entrega de una persona.

¿Cuándo no se concede la extradición?

Evitar la extradición es posible. El sistema instaurado en la Ley de Extradición Pasiva es el mixto, es decir, la extradición se solicita al Ministerio de Justicia, que la eleva al Gobierno de la nación para que decida si prosigue o no el procedimiento en vía judicial. Si el Gobierno accede, corresponde a los jueces declarar la procedencia o improcedencia de la extradición. De declararse improcedente, no puede concederse; en cambio, declarada procedente, el Gobierno puede denegarla.

Se podrá denegar la extradición en los siguientes supuestos

  • Principio de reciprocidad: refleja la idea de atender las solicitudes de otros Estados en atención a cómo procedan éstos ante solicitudes semejantes hechas por el español .
  • Principio de legalidad: sólo cabe conceder la extradición por los delitos expresamente incluidos en la Ley, o no concederse por los expresamente excluidos.
  • Principio de especialidad: el extraditado únicamente puede ser juzgado y condenado por los delitos en que se basó la solicitud de extradición.
  • Principio de la doble incriminación: los hechos por los que se pide la extradición han de ser delito según la legislación de los dos Estados, solicitante y solicitada.
  • Principio de denegación de la extradición por delitos leves y no perseguibles de oficio.
  • Principio de denegar la extradición por delitos políticos y militares.
  • Principios de conmutación (de la pena de muerte, si está prevista en la legislación del Estado requirente) y de no sometimiento del extraditado a penas inhumanas.
  • Principio de no entrega del nacional ni del asilado.
  • Principio de sometimiento a la jurisdicción ordinaria —y no a tribunales de excepción.
  • Principio «non bis in idem», por el que no se concede la extradición por delitos ya juzgados o que se estén juzgando en España.

Asimismo, se podrá denegar la extradición cuando se sospeche fundadamente que se ha pedido la extradición para perseguir o castigar a una persona por razones de raza, ideología, etc., …; y cuando el reclamado sea menor de dieciocho años, tenga su residencia habitual en España y se considere que la extradición puede impedir su reinserción.

¿En qué procesos de extradición ha intervenido el despacho?

Nuestro despacho ha intervenido en numerosas extradiciones cursadas ante la Audiencia Nacional habiendo intervenido en procedimientos relacionados con los siguientes países: Estados Unidos de América, Colombia, México, Bélgica, etc.

FAQ

Únicamente podrá pedirse o proponerse la extradición:

  • De los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero.
  • De los españoles que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen refugiado en país distinto en que delinquieron.
  • De los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.

El procedimiento de extradición pasiva consta de tres fases diferenciadas, la gubernamental, la jurisdiccional, y la gubernativa de decisión.

Comienza con la solicitud de extradición formulada por una Estado, denominado requirente, por la vía diplomática, o sea a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, o directamente por el Ministro de Justicia de la parte requirente al Ministro de igual clase español.
Recibida la solicitud, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la remitirá al de Justicia, y éste si no está detenida la persona reclamada, puede interesar del Ministerio de Interior su detención. Hemos de señalar que normalmente el inicio de un procedimiento de extradición viene marcado por la detención de una persona sobre la cual pesa una orden de búsqueda y detención para la extradición. Posteriormente el Ministerio de Justicia, en un plazo de ocho días siguientes a la recepción de la solicitud, debe elevar al Gobierno propuesta motivada, sobre si procede o no continuar el procedimiento de extradición en vía judicial. El Gobierno debe adoptar la decisión en el plazo de quince días, y si el acuerdo fuere denegatorio se pondrá en conocimiento del Estado requirente, y si se acordó la prisión del detenido, el Juez le pondrá en libertad.

Si el Gobierno Español accede a continuar el procedimiento por vía judicial, remite el expediente al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Si no estuviera detenida la persona reclamada, el Ministerio del Justicia comunicará al de Interior para que practique la detención preventiva, redacte el atestado, y en el plazo de veinticuatro horas ponga a disposición judicial al detenido. El juez acuerda una comparecencia del reclamado, asistido de su abogado, intérprete, si lo precisa, y el Ministerio Fiscal.
En dicha comparecencia, identificado el detenido, si éste accede a la extradición y no existen otros obstáculos legales, el Juez en el plazo de veinticuatro horas, accederá a ella. Si se opone, puede solicitar una ampliación de la información aportada por treinta días más, y en todo caso, resolverá lo procedente, acordando la libertad del detenido o su prisión, elevando el procedimiento a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Recibido el expediente en la indicada Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a los quince días siguientes, se señala vista, en la cuál además de los anteriormente indicados puede intervenir, el representante del Estado requirente, si lo ha solicitado, atendido el principio de reciprocidad. En la vista el reclamado presta declaración, y únicamente cabe practicar prueba en relación con las condiciones exigidas por el Tratado o por la ley española de extradición.
El Tribunal resuelve por auto a los tres días siguientes a la vista, tanto sobre la procedencia de la extradición, como sobre si procede la entrega al Estado requirente de los objetos ocupados al reclamado. Contra ésta resolución únicamente cabe recurso de súplica, que debe ser resuelto por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin que pueda ser designado ponente ninguno de los Magistrados que dictaron la resolución recurrida.
Si se resuelve negativamente, el Tribunal ordena la puesta en libertad de la persona reclamada y lo comunica al Ministerio de Justicia, y éste al de Exteriores para que lo comunique al Estado requirente.

Aunque el Tribunal acceda a la extradición, finalmente será el Gobierno el que decidirá la entrega de la persona reclamada o la denegará, ya que la decisión judicial no es vinculante para el Gobierno, que puede denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España, sin que quepa recurso alguno contra lo que decida el Gobierno.

En el ámbito de la Unión Europea, en lugar de utilizar el término extradición, técnicamente se conoce como «Orden Europea de Detención y Entrega» o «Euroorden». En este supuesto, los Estados parten de una «confianza mutua» dado que todos pertenecen a la Unión Europea, y por ello la «Euroorden», en principio, tiene menos requisitos y obstáculos que una extradición.

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