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¿Cuándo no se concede la extradición?

Evitar la extradición es posible. El sistema instaurado en la Ley de Extradición Pasiva es el mixto, tal y como se especifica en el BOE. Es decir, la extradición se solicita al Ministerio de Justicia, que la eleva al Gobierno de la nación para que decida si prosigue o no el procedimiento por la vía judicial. Si el Gobierno accede, los jueces declararán la procedencia o improcedencia de la extradición. Si se declara improcedente, no puede concederse; en cambio, declarada procedente, el Gobierno puede denegarla.

Se podrá denegar la extradición en los siguientes supuestos:

La extradición puede denegarse en varios supuestos como son los siguientes:

• Principio de reciprocidad: Se refiere a la idea de responder con el otro estado como este ha respondido con el Estado Español en solicitudes similares.
• Principio de legalidad: Sólo debe concederse la extradición por los delitos expresamente incluidos en la Ley, o no concederse por los expresamente excluidos.
• Principio de especialidad: Según este principio, el extraditado únicamente puede ser juzgado y condenado por los delitos en que se basó la solicitud de extradición.
• Principio de la doble incriminación: Los hechos que motivan la solicitud de extradición han de ser delito según la legislación de los dos Estados, solicitante y solicitada.
• Principio de denegación de la extradición por delitos leves y no perseguibles de oficio.
• Principio de denegar la extradición por delitos políticos y militares.
• Principios de conmutación (de la pena de muerte, si está prevista en la legislación del Estado requirente) y de no sometimiento del extraditado a penas inhumanas.
• Principio de no entrega del nacional ni del asilado.
• Principio de sometimiento a la jurisdicción ordinaria —y no a tribunales de excepción.
• Principio «non bis in idem», por el que no se concede la extradición por delitos ya juzgados o que se estén juzgando en España.
• Asimismo, se podrá denegar la extradición cuando se sospeche fundadamente que se ha solicitado la extradición para perseguir o castigar a una persona por razones de raza, ideología, etc. También, cuando el reclamado sea menor de dieciocho años, tenga su residencia habitual en España y se considere que la extradición puede impedir su reinserción.